La implantación del Bachillerato concertado en Aragón a partir del curso 2026-2027 anunciada por el Gobierno de Aragón ha reabierto el debate sobre la inversión educativa en la provincia de Huesca, donde en las últimas horas el PSOE ha denunciado la falta de ejecución de fondos destinados a la mejora de colegios públicos y ha anunciado nuevas iniciativas institucionales contra esta medida.
El cruce de posicionamientos se ha intensificado después de que el Gobierno de Aragón confirmara esta semana que el próximo curso comenzará la concertación de 1.º de Bachillerato, una medida que se extenderá a 2.º en 2027-2028 y a la que podrán acogerse hasta 23 centros de la comunidad, con una previsión de hasta 1.900 alumnos y un máximo de 65 clases.
La decisión fue anunciada por la consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, quien defendió que se trata de una promesa electoral del Ejecutivo autonómico.
PSOE denuncia más de 360.000 euros sin ejecutar en Huesca
En este contexto, los diputados socialistas Marcel Iglesias y Enrique Pueyo comparecieron este miércoles en Huesca para denunciar que el PP en la Diputación Provincial de Huesca y en el Gobierno de Aragón “ha dejado de invertir más de 360.000 euros en colegios públicos de la provincia en los dos últimos años”.
Según expusieron, el convenio suscrito entre ambas administraciones para la mejora de infraestructuras educativas contemplaba una inversión de un millón de euros, financiada a partes iguales, pero parte de esos fondos no se habría ejecutado.
Los socialistas sostienen que, según la liquidación provisional del convenio, se han dejado más de 360.000 euros sin justificar, una cifra que, según remarcaron, no se ha traducido en actuaciones en centros educativos de la provincia.
Durante la comparecencia, Marcel Iglesias señaló que esta situación se produce en una provincia donde “muchos colegios públicos presentan importantes necesidades de inversión, tanto en mantenimiento como en accesibilidad o adecuación de instalaciones”.
Por su parte, Enrique Pueyo apuntó que algunos de los centros que se habrían quedado sin reformas son los de Graus, Chimillas o Fonz.
Una moción en el Ayuntamiento de Huesca
A esta crítica se ha sumado este jueves el PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, que ha anunciado la presentación de una moción en el próximo pleno municipal para rechazar la concertación del Bachillerato y reclamar que los recursos públicos se destinen a la educación pública.
La portavoz socialista en el consistorio, Silvia Salazar, ha defendido que en la capital altoaragonesa “la oferta pública de Bachillerato cubre la demanda de plazas”, por lo que considera que la concertación no responde a una necesidad educativa real en la ciudad.
La moción planteará, además, trasladar este posicionamiento al Gobierno de Aragón y reclamar una planificación educativa basada en las necesidades existentes.
Hasta 19 millones anuales cuando la medida esté implantada
La concertación del Bachillerato en Aragón tendrá una implantación progresiva y, según los datos conocidos esta semana, podría alcanzar un coste de unos 19 millones de euros anuales cuando esté completamente desplegada.
El anuncio se ha producido en un momento de debate político y educativo en la comunidad, con críticas desde sindicatos, asociaciones de familias y partidos de la oposición, que cuestionan tanto la oportunidad de la medida como el momento en que se ha adoptado, con el Ejecutivo autonómico en funciones y en plena prórroga presupuestaria.
Entre los argumentos expuestos por quienes rechazan la medida figura que en Aragón existen actualmente plazas públicas sin cubrir en Bachillerato, por lo que consideran que no existe una necesidad de ampliar la financiación pública a centros privados concertados en esta etapa educativa.
Cómo puede afectar a la provincia de Huesca
La discusión sobre la concertación del Bachillerato adquiere una dimensión específica en la provincia de Huesca por las características de su red educativa, marcada por la presencia de centros en el medio rural, municipios pequeños y necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras.
En este contexto, el debate político se centra en qué prioridad debe darse a los recursos públicos y si la implantación progresiva del Bachillerato concertado puede coincidir con una menor capacidad inversora en la red pública.
El PSOE vincula ambas cuestiones y sostiene que mientras se impulsa una nueva línea de financiación para centros concertados, siguen existiendo actuaciones pendientes en colegios públicos altoaragoneses.
Por el momento, el Gobierno de Aragón mantiene su hoja de ruta y prevé que la nueva orden para implantar esta medida quede publicada en el BOA, de forma que pueda aplicarse ya en el próximo proceso de escolarización.
