El Partido Popular de Huesca ha reclamado al Ministerio de Transportes explicaciones por la situación de la variante de Sabiñánigo de la A-23, cuyas obras permanecen paralizadas desde el verano de 2025. La formación denuncia que el Gobierno central ha tardado quince meses en ordenar actuaciones para recuperar los accesos afectados y cuestiona que la solución anunciada pueda demorarse hasta febrero de 2027, en plena temporada turística de invierno.
La nueva exigencia del PP llega después de meses de incertidumbre, retrasos y movilizaciones en el Alto Gállego y la Jacetania, donde instituciones, empresarios y colectivos sociales vienen reclamando una solución urgente para una infraestructura considerada estratégica para las comunicaciones del Pirineo aragonés.
Según explica el Partido Popular en una nota de prensa, el Ministerio ha requerido a la unión temporal de empresas formada por Aldesa y Rover que disponga de los medios necesarios el próximo 5 de noviembre para acometer una serie de trabajos valorados en 1,02 millones de euros, con un plazo de ejecución de tres meses.
Sin embargo, los populares ponen en duda que estas actuaciones puedan completarse en los plazos previstos y critican que se haya llegado a esta situación cuando, según los datos facilitados anteriormente por el propio Gobierno, apenas quedaba un 2 % de la variante por ejecutar.
«El Gobierno nos toma el pelo. Después de más de un año soportando las consecuencias de esta obra, ahora nos anuncia como urgente una solución que podría no estar terminada hasta febrero», denuncia el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sabiñánigo, Pepe Cebollero.
Una infraestructura paralizada desde 2025
La variante de Sabiñánigo comenzó a construirse en febrero de 2020 con el objetivo de mejorar la continuidad de la autovía A-23 y evitar el paso de buena parte del tráfico por el entorno urbano de la localidad, uno de los principales puntos de conexión hacia los valles pirenaicos.
Sin embargo, la ejecución de los últimos trabajos quedó bloqueada en 2025, generando importantes problemas de circulación y obligando a mantener desvíos provisionales.
En enero de 2026, el Ministerio reconoció que las obras estaban paralizadas por discrepancias económicas con la empresa adjudicataria. Posteriormente, en julio, anunció la resolución del contrato, aunque la situación de los accesos continuó sin resolverse.
Ahora, el Gobierno ha ordenado a la UTE adjudicataria acometer determinadas actuaciones consideradas necesarias por motivos de seguridad, bajo la advertencia de una posible incautación de garantías por importe de 3,89 millones de euros.
El Partido Popular considera insuficientes estas medidas y reclama que se aclaren las responsabilidades tanto de la empresa como de los responsables ministeriales.
«Aquí hay una empresa que debe responder por sus incumplimientos, pero también un Ministerio que tiene que explicar su gestión. Si ahora pueden exigir actuaciones indispensables por motivos de seguridad, ¿por qué no lo hicieron hace meses?», plantea Cebollero.
La movilización del 17 de octubre evidenció el malestar del territorio
La situación de la A-23 ha provocado una creciente movilización social y empresarial durante los últimos meses.
El pasado 17 de octubre, cientos de personas se concentraron en el bulevar Antonio Muñoz Loriente de Sabiñánigo bajo el lema «Solución urgente A-23», para reclamar la reanudación inmediata de los trabajos y una respuesta definitiva por parte del Ministerio.
La convocatoria estuvo impulsada por nueve organizaciones empresariales, vecinales y sectoriales: AEPAG, ACOMSEJA, la Asociación Turística Valle de Tena, la Asociación de Vecinos de Núcleos Rurales El Cajicar, la Cooperativa Santa Orosia, la Federación de Transporte por Carretera de la Provincia de Huesca, ASAJA Huesca, la Asociación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Huesca y CEOE CEPYME Huesca.
La concentración puso de manifiesto el malestar acumulado por los continuos retrasos en una obra que afecta no solo a Sabiñánigo, sino también a las comunicaciones de la Jacetania, el Alto Gállego y los principales destinos turísticos del Pirineo occidental.
Según recuerda ahora el PP, 52 entidades del territorio han denunciado las consecuencias de esta situación, que afectan a más de 150 vehículos de transporte de mercancías, 15 líneas de autobús, 21 rutas escolares y 267 agricultores, además de establecimientos comerciales, empresas turísticas y servicios de emergencia.
Los problemas de circulación también obligaron a modificar parte del recorrido de la Quebrantahuesos de 2026.
Preocupación ante el inicio de la temporada de esquí
Uno de los principales motivos de preocupación es la proximidad de la campaña turística de invierno.
La A-23 constituye una de las principales vías de acceso a las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa y Astún-Candanchú, además de canalizar buena parte de los desplazamientos hacia las localidades del Alto Gállego y la Jacetania.
El PP advierte de que, si las actuaciones se prolongan durante los tres meses anunciados, los problemas de circulación podrían mantenerse durante el puente de diciembre, las vacaciones de Navidad y buena parte del inicio de la temporada de esquí.
«Estamos perjudicando a Sabiñánigo y a los valles del Aragón y de Tena, cuya economía depende en buena medida de la llegada de visitantes», sostiene Cebollero.
Para los populares, la incertidumbre sobre los plazos supone un perjuicio añadido para los negocios de hostelería, comercio y turismo, especialmente en una época del año de gran actividad económica para las comarcas pirenaicas.
El PP reclama un calendario y responsabilidades
Ante este escenario, el Partido Popular exige al Ministerio de Transportes que establezca un calendario concreto para la apertura de los accesos, garantice el cumplimiento de los trabajos previstos y prepare una alternativa en caso de que la UTE adjudicataria no ejecute las actuaciones ordenadas.
También solicita explicaciones sobre las decisiones adoptadas durante los últimos quince meses y sobre la gestión del conflicto contractual que ha impedido concluir una infraestructura prácticamente terminada.
«Es inadmisible que hayamos llegado hasta aquí. No queremos más excusas ni que unos se pasen la culpa a otros. Queremos soluciones y que los responsables de este desastre den la cara», concluye Cebollero.
La variante de Sabiñánigo continúa así pendiente de una solución definitiva, mientras el territorio afronta la llegada de una nueva temporada turística con la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperarse las condiciones normales de circulación en este tramo de la A-23.
La información publicada este 31 de octubre confirma además que el requerimiento ministerial contempla actuaciones para recuperar los accesos de Sabiñánigo Este y restablecer conexiones con Jaca, Huesca y Fiscal. La ejecución está prevista a partir del 5 de noviembre, pero el plazo de tres meses no equivale a una fecha confirmada de apertura.
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Como contexto adicional, la concentración del 17 de octubre reunió a unas 500 personas, según los organizadores, y dio continuidad al manifiesto respaldado por 52 entidades e instituciones del territorio.
