La variante de Sabiñánigo continúa acumulando reacciones políticas después de que la pasada semana expirara el plazo concedido por el Ministerio de Transportes a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Aldesa Construcciones y Rover Infraestructuras para iniciar los trabajos de restitución de los accesos a la localidad.
Tal y como informó Prisma Norte, el jueves 5 de noviembre finalizó el ultimátum del Ministerio sin que se observara actividad en las zonas afectadas. Durante el recorrido de comprobación realizado sobre el terreno no se detectó presencia de maquinaria ni de operarios ejecutando las actuaciones pendientes.
Este incumplimiento se suma al que ya había constatado la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, durante una visita a las obras junto a la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Huesca. En aquella inspección se confirmó que la adjudicataria no había movilizado los medios necesarios ni presentado justificación alguna.
Ante esta situación, Aragoneses ha emitido un comunicado en el que exige responsabilidades y reclama medidas inmediatas para desbloquear una infraestructura estratégica para las comunicaciones del Pirineo aragonés.
«Una grave tomadura de pelo a los vecinos del Pirineo»
La formación aragonesista considera que la situación ha alcanzado niveles «absolutamente inadmisibles» y califica lo sucedido el pasado 5 de noviembre como «una grave tomadura de pelo a los vecinos de la Jacetania, del Alto Gállego y al conjunto del Pirineo aragonés».
Aragoneses recuerda que la variante debería haber estado finalizada en enero de 2023 y que, según los datos recogidos en su comunicado, la inversión ha pasado de los aproximadamente 70,9 millones de euros de adjudicación inicial a superar los 108 millones.
A pesar del elevado grado de ejecución de las obras, la infraestructura continúa sin entrar en servicio.
Para la formación, la gravedad del problema va más allá de la finalización de la autovía. Los accesos a Sabiñánigo llevan más de un año afectados por las obras, con consecuencias para la movilidad cotidiana, el transporte de mercancías, la actividad económica y la seguridad vial.
«Los ciudadanos no necesitan declaraciones ingeniosas, visitas institucionales ni nuevos anuncios. Necesitan soluciones, fechas y resultados», sostiene Aragoneses.
Aragoneses recuerda sus iniciativas para desbloquear la A-23
La formación asegura que lleva meses reclamando una respuesta institucional ante los retrasos acumulados.
En febrero presentó una moción en el Ayuntamiento de Jaca para exigir responsabilidades, desbloquear el conflicto entre el Ministerio y la adjudicataria y establecer un calendario actualizado para la finalización de las obras. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
Posteriormente, el 10 de junio, impulsó una nueva propuesta para reclamar la reanudación inmediata de los trabajos, transparencia sobre los sobrecostes y una respuesta coordinada de las instituciones y agentes sociales del territorio. Estas reivindicaciones también se trasladaron a la Comarca de la Jacetania.
En su comunicado, Aragoneses recuerda además las declaraciones realizadas el 30 de julio por el anterior delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien, preguntado por los plazos de finalización, afirmó: «No doy plazos porque no tengo bola de cristal».
Casi cien días después de aquellas palabras, señala la formación, la situación continúa bloqueada y el nuevo requerimiento ministerial tampoco ha conseguido que la UTE retome los trabajos.
Reclaman la incautación de casi 3,9 millones de euros en garantías
Una de las principales exigencias de Aragoneses es que el Ministerio aplique las consecuencias legales y contractuales que correspondan por el incumplimiento de la adjudicataria.
La formación reclama expresamente la incautación de las garantías depositadas, que cifra en 3.891.848,12 euros, así como las indemnizaciones que legalmente puedan proceder.
También solicita que se utilicen los mecanismos administrativos necesarios para recuperar los accesos a Sabiñánigo sin depender de la voluntad de la actual adjudicataria.
Entre sus reivindicaciones figura la elaboración de un calendario público, detallado y vinculante que permita conocer cuándo se recuperarán los accesos, cuándo se reanudarán las actuaciones pendientes y en qué fecha podrá abrirse definitivamente la variante.
Asimismo, exige transparencia sobre los modificados del proyecto, el coste final de la infraestructura y las responsabilidades de las empresas y administraciones implicadas.
Críticas por la participación de Rover en otra adjudicación ferroviaria
Aragoneses también cuestiona que Rover Infraestructuras, una de las integrantes de la UTE de la variante de Sabiñánigo, participe en otra unión temporal de empresas que, según señala la formación, ha recibido una propuesta de adjudicación de Adif para ejecutar una obra ferroviaria valorada en 306 millones de euros.
La formación considera que esta circunstancia merece una explicación pública, teniendo en cuenta que la empresa continúa vinculada a una infraestructura paralizada en el Alto Gállego.
Una reunión urgente con todas las administraciones implicadas
Para tratar de encontrar una salida al conflicto, Aragoneses propone convocar una reunión institucional en la que participen el Ministerio de Transportes, el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo, las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego y los representantes económicos y sociales del territorio.
El objetivo sería establecer una posición común y exigir una solución definitiva para una infraestructura que consideran fundamental para las comunicaciones entre el Pirineo, Huesca y Zaragoza.
Desde sus responsabilidades institucionales en el Ayuntamiento de Jaca y la Comarca de la Jacetania, los representantes de Aragoneses aseguran que no van a aceptar que el territorio continúe soportando indefinidamente las consecuencias de este conflicto.
«No estamos reclamando ningún privilegio. Estamos exigiendo el mismo respeto, la misma diligencia y la misma responsabilidad que merece cualquier otro territorio», manifiestan.
La formación concluye reclamando que el Ministerio actúe, que las empresas respondan por sus obligaciones y que se establezcan compromisos concretos para terminar la variante.
