La Gobierno de Aragón ha ordenado el sacrificio de 46 vacas procedentes de una explotación ganadera ubicada en el valle de Hecho, tras constatar diversos incumplimientos sanitarios y legales por parte de su propietario.
Según ha podido confirmar PRISMA NORTE, los animales no presentaban síntomas de enfermedad, pero la medida se ha adoptado debido a que el ganadero se negaba a aplicar la vacunación obligatoria contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y no realizaba los controles de saneamiento exigidos por la normativa vigente.
Además, el titular de la explotación se encontraba inhabilitado por resolución judicial para ejercer como ganadero, una situación que ha sido determinante en la actuación de la administración.
Las reses han sido trasladadas al matadero, donde serán sometidas a la correspondiente inspección veterinaria. En función de su estado, la carne podrá destinarse al consumo, como ocurre con cualquier otro animal sacrificado en estas instalaciones, siempre que cumpla los requisitos sanitarios.
Desde el Gobierno de Aragón insisten en que la decisión «no está relacionada con un brote de DNC, sino con el incumplimiento reiterado de las obligaciones sanitarias». La negativa a vacunar ha sido el detonante final de una situación que arrastraba problemas previos.
El caso tiene antecedentes. Meses atrás, el mismo propietario fue investigado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tras la localización de una yegua con heridas graves, lo que derivó en la intervención judicial y en la retirada del animal.
En cuanto al resto de caballos de la explotación que también posee este ganadero, por el momento no se prevén actuaciones, ya que no existen denuncias recientes y, según las mismas fuentes, se encuentran en buen estado y correctamente alimentados. A diferencia del ganado vacuno, los equinos no están sujetos a planes de vacunación obligatorios como el de la DNC. «Si están bien alimentados y con aspecto sano seguirán por el monte igual q ahora. Los caballos no tienen planes vacunales específicos», afirman desde DGA.
La actuación se enmarca en la aplicación de la normativa de sanidad animal, que obliga a las administraciones a intervenir cuando se detectan riesgos sanitarios o incumplimientos legales, con independencia de que los animales presenten o no enfermedad.
