El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Jaca ha acordado el archivo de la causa abierta tras la denuncia presentada en 2024 por el concejal de VOX en Ansó, Joaquín Mendiara Barcos, contra la alcaldesa del municipio, Blanca Alfonso de la Riva, y la secretaria-interventora municipal, Ana Belén Larrosa Escartín.
La denuncia se refería a la adjudicación de un contrato de carpintería vinculado a las obras de mejora de la conocida como Casa Terrén, un expediente que VOX consideró irregular al entender que existía un posible conflicto de intereses por la relación familiar entre la alcaldesa y el adjudicatario.
Sin embargo, la resolución judicial conocida ahora descarta la existencia de cualquier conducta delictiva y decreta el sobreseimiento de las diligencias abiertas. Según recoge el auto dictado por la magistrada titular del juzgado jacetano, las investigaciones realizadas durante la instrucción no han permitido acreditar ninguna irregularidad penal. La resolución asume los argumentos planteados por el Ministerio Fiscal y concluye que los hechos investigados no evidencian indicios de ilicitud penal.
Además, el auto destaca expresamente la actuación del Ayuntamiento durante la tramitación del expediente y recuerda que la adjudicación objeto de la denuncia contó con informes jurídicos favorables. Entre ellos figura el emitido por el Servicio de Asistencia Jurídica de la Diputación Provincial de Huesca, que concluyó que no existía incompatibilidad para la adjudicación del contrato.
Una denuncia presentada en 2024
La denuncia fue presentada en agosto de 2024 y tuvo una importante repercusión mediática. En ella, VOX sostenía que la adjudicación de un contrato de aproximadamente 24.500 euros a la empresa de la pareja de quien entonces era teniente de alcalde podía constituir un supuesto delito de prevaricación o cohecho.
Asimismo, la formación también dirigió la denuncia contra la secretaria-interventora municipal por considerar que no había emitido reparos sobre el procedimiento. Durante los últimos meses se practicaron diversas diligencias para esclarecer los hechos, hasta que finalmente el juzgado ha acordado el archivo de la causa.
Tras conocerse la resolución, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ansó ha mostrado su satisfacción por el archivo del procedimiento y ha criticado duramente la actuación del grupo municipal de VOX.
Desde el consistorio consideran que la denuncia tuvo una finalidad política y recuerdan que fue presentada pocos días antes de la celebración del Día de la Exaltación del Traje Ansotano, una de las citas más importantes del calendario festivo del municipio y declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
El gobierno municipal sostiene que la difusión pública de las acusaciones provocó un importante perjuicio reputacional tanto para el Ayuntamiento como para las personas denunciadas.
Uno de los aspectos sobre los que más insiste el Ayuntamiento es el efecto que generan este tipo de denuncias cuando alcanzan relevancia pública.
La alcaldesa, Blanca Alfonso de la Riva, señala que aunque la Justicia haya descartado cualquier actuación irregular, las informaciones publicadas durante la investigación continúan apareciendo en buscadores y redes sociales, generando una huella digital difícil de eliminar.
Según afirma, la situación ha tenido consecuencias personales y familiares durante casi dos años, afectando tanto a ella como a la secretaria municipal y a otros miembros de su entorno que también aparecieron mencionados en la denuncia inicial.
Tras el archivo judicial, el equipo de gobierno de Ansó reclama ahora que el concejal de VOX que presentó la denuncia informe públicamente del resultado del procedimiento con la misma intensidad con la que difundió las acusaciones iniciales.
El consistorio considera que el archivo supone una ratificación de la legalidad de la actuación municipal y una confirmación de que los hechos denunciados carecían de relevancia penal.
Por su parte, la resolución judicial recuerda que el derecho penal debe utilizarse únicamente como último recurso y que las discrepancias administrativas o políticas no deben trasladarse automáticamente a los tribunales cuando no existen indicios suficientes de delito.
