La empresa constructora Aldesa, una de las integrantes de la UTE encargada de ejecutar la variante de Sabiñánigo de la A-23 junto a Rover Infraestructuras, ha quedado salpicada por el denominado “caso Zapatero” tras el levantamiento del secreto de sumario de la investigación que afecta a varias adjudicaciones públicas y relaciones empresariales vinculadas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Medios nacionales como Libertad Digital o El Español han publicado en los últimos días informaciones que sitúan a Aldesa dentro de la documentación investigada.
La aparición de la compañía en este contexto judicial coincide con uno de los momentos de mayor tensión en torno a la variante de Sabiñánigo, una infraestructura estratégica para el Pirineo aragonés cuyas obras permanecen paralizadas desde finales de 2025. La UTE formada por Aldesa y Rover Infraestructuras retiró la maquinaria de la obra durante el pasado invierno y desde entonces mantiene un pulso con el Ministerio de Transportes por las condiciones económicas necesarias para finalizar el proyecto.
El tramo Sabiñánigo Este – Sabiñánigo Oeste de la Autovía Mudéjar A-23 fue adjudicado por el Ministerio de Fomento y está considerado una actuación clave para mejorar la conexión viaria del Alto Aragón con el resto de España. El proyecto incluye enlaces, estructuras, drenajes, señalización y la construcción del nuevo trazado que debe evitar el paso del tráfico por el núcleo urbano de Sabiñánigo.
Según los datos trasladados por la propia Administración, la obra se encuentra ejecutada al 98 %, aunque continúa sin finalizarse debido al desacuerdo entre la UTE y el Ministerio sobre un nuevo modificado económico reclamado por la constructora. La situación ha provocado un creciente malestar político, empresarial y social en la comarca del Alto Gállego, donde continúan registrándose retenciones y problemas de tráfico al mantenerse el paso por la N-330.
Esta misma semana, representantes institucionales recibieron una dura comunicación firmada por el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo Subías, en la que responsabiliza directamente a la UTE de la paralización. En el escrito, el subdelegado afirma que “la decisión de la UTE es la única causa de la paralización de las obras”, asegurando además que existe disponibilidad presupuestaria para concluir los trabajos.
Campo Subías también muestra en la carta su “más absoluta consternación” por una situación que, según señala, mantiene “como rehenes” a vecinos y empresas de Sabiñánigo y su entorno. El representante del Gobierno sostiene que el contrato sigue vigente y reprocha a la constructora que, medio año después de retirar unilateralmente la maquinaria, todavía no haya aclarado si retomará los trabajos o si finalmente optará por resolver el contrato.
La paralización de la variante se ha convertido en uno de los principales problemas de infraestructuras del Pirineo aragonés. Además de las afecciones diarias al tráfico, la falta de finalización de la A-23 condiciona la movilidad entre el Alto Aragón y el resto del país, especialmente en periodos de alta afluencia turística y eventos multitudinarios como la Quebrantahuesos, para cuya celebración la Subdelegación asegura haber tenido que realizar gestiones extraordinarias.
En paralelo, la situación de Aldesa ha empezado a generar una creciente atención mediática a nivel nacional. Diversas informaciones publicadas tras el levantamiento parcial del secreto de sumario relacionan a la constructora con pagos realizados a la consultora Análisis Relevante, empresa vinculada al entorno de Zapatero. Las investigaciones también ponen el foco sobre diferentes adjudicaciones públicas obtenidas por la compañía en los últimos años, algunas de ellas procedentes de organismos dependientes del Ministerio de Transportes y de ADIF.
Aldesa pasó a estar controlada por el grupo chino CRCC, vinculado al Estado chino, tras atravesar problemas financieros. Posteriormente recibió importantes líneas de avales públicos y nuevas adjudicaciones millonarias relacionadas con infraestructuras ferroviarias y carreteras. Aunque por el momento no existe ninguna acusación judicial directa relacionada con la variante de Sabiñánigo, el hecho de que una de las empresas responsables de una de las obras más importantes del Pirineo aparezca ahora dentro de una investigación de alcance nacional ha vuelto a situar el foco sobre un proyecto que acumula años de retrasos y controversias.
Mientras tanto, en Sabiñánigo y el conjunto del Pirineo miran a una Quebrantahuesos y un Festival de Pirineos Sur con miles de visitantes que volverán a quedar atrapados en atascos, con el consiguiente peligro para la seguridad en el caso de que algo grave ocurriera.
