La decisión llega después de que el Ejecutivo autonómico haya decidido no renovar el convenio vigente con los Registradores de la Propiedad, encargados desde 1983 de la gestión y liquidación de impuestos cedidos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. En localidades como Jaca, esta labor se realizaba incluso desde 1867, mientras que la Oficina Liquidadora de Sabiñánigo abrió en 2010 coincidiendo con la creación del Registro de la Propiedad en la localidad.
Los trabajadores afectados, 47 en toda la comunidad autónoma, aseguran que la medida supondrá una pérdida de calidad en la atención al ciudadano y especialmente para el medio rural. Según explican María y Anabel, oficiales de liquidación en los Registros de la Propiedad de Jaca y Sabiñánigo, la plantilla cuenta con una antigüedad media de 21 años, superando los 30 años en algunas oficinas oscenses.
“Somos especialistas en gestión tributaria”, defienden las trabajadoras, que subrayan que su labor no se limita a recepcionar documentación, sino que incluye la confección inmediata de autoliquidaciones, revisión de expedientes complejos, atención telefónica personalizada, resolución de recursos y asesoramiento directo a ciudadanos, notarías, gestorías, inmobiliarias y entidades bancarias.
Desde las Oficinas Liquidadoras se insiste en que la experiencia adquirida durante décadas no puede sustituirse de forma inmediata. El personal ha recibido formación continua mediante exámenes oficiales del Colegio de Registradores, cursos especializados y supervisión de la Dirección General de Tributos.
Los empleados consideran que el nuevo modelo puede provocar una sobrecarga administrativa en Zaragoza y en las subdirecciones provinciales de Huesca y Teruel. A su juicio, los nuevos puntos de atención anunciados por el Gobierno autonómico “serán únicamente oficinas receptoras de documentación”, sin capacidad suficiente para prestar asesoramiento especializado o confeccionar autoliquidaciones complejas.
Además, alertan del impacto que la medida puede tener en el medio rural. “Nuestros mayores tendrán que realizar más desplazamientos y perderán una atención presencial cercana y especializada”, sostienen. En su opinión, la digitalización administrativa “no puede convertirse en un sustituto total de la atención presencial”.
Por su parte, el Gobierno de Aragón defiende que no se trata de una eliminación del servicio, sino de un cambio en el modelo de gestión. Ignacio Martín, responsable de prensa del Ejecutivo autonómico, recuerda que los registradores “son profesionales que prestaban este servicio en virtud de un convenio y no forman parte de la plantilla de la Administración autonómica”.
Según el Gobierno aragonés, la atención pasará a realizarse directamente desde la propia Administración y se ampliará la red de puntos de atención al ciudadano, pasando de 25 oficinas a más de 50 lugares en todo el territorio.
El nuevo sistema se apoyará en tres niveles: la red general de registro, las oficinas delegadas —donde se prestará directamente el servicio— y las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs), que ayudarán a acercar la atención al territorio.
En la provincia de Huesca, el Ejecutivo asegura que el servicio seguirá presente en los municipios donde actualmente existen Oficinas Liquidadoras: Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Además, se incorporarán nuevos puntos de atención en Ayerbe, Binéfar, Castejón de Sos, Grañén, Graus, Huesca y Monzón.
“El servicio no desaparece, se amplía”, sostienen desde el Gobierno de Aragón, que considera que el nuevo modelo permitirá aumentar la cobertura territorial y acercar más trámites a la ciudadanía.
Sin embargo, los trabajadores insisten en que el problema no es únicamente el número de oficinas, sino el nivel de especialización del personal que atenderá en ellas. Temen que la pérdida de profesionales con décadas de experiencia termine repercutiendo directamente en la calidad del servicio y en los tiempos de tramitación.
La polémica ha comenzado ya a generar inquietud en numerosos municipios aragoneses, especialmente en zonas rurales donde las Oficinas Liquidadoras se han convertido durante décadas en una referencia administrativa cercana para la ciudadanía.
ANÁLISIS DEL CIERRE DE ANALISIS CIERRE OOLL POR PARTE DE LOS TRABAJADORES
