El PSOE ha denunciado este miércoles desde Huesca la negativa del Gobierno de Aragón a tramitar las solicitudes de los ayuntamientos de Biescas y Aínsa para que ambos municipios puedan ser declarados zonas de mercado residencial tensionado. Según han explicado los representantes socialistas en una comparecencia pública, esta decisión impide estudiar la aplicación de una de las herramientas contempladas en la legislación estatal para intervenir en el mercado del alquiler.
Los alcaldes de Biescas y Aínsa, Lorena Cajal y Enrique Pueyo, han comparecido junto al diputado socialista Marcel Iglesias para expresar su desacuerdo con la respuesta recibida esta misma semana por parte del Ejecutivo autonómico. Según han trasladado, ambos consistorios habían aprobado en sus respectivos plenos solicitar al Gobierno de Aragón el inicio del procedimiento para analizar si cumplían los requisitos necesarios para obtener esta declaración.
Sin embargo, la Administración autonómica les ha comunicado que no iniciará la tramitación de este tipo de expedientes hasta disponer de informes científicos que contradigan los efectos negativos que atribuye a la medida. Una respuesta que los representantes municipales consideran insuficiente y que, a juicio del PSOE, supone descartar una posible vía de actuación sin analizar previamente las circunstancias particulares de cada localidad.
Biescas y Aínsa reclaman que se estudie su situación
Durante su intervención, la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha cuestionado los argumentos utilizados por el Gobierno de Aragón para rechazar la solicitud. «Se burlan de quienes vivimos en estos municipios», ha afirmado Cajal, quien considera que los ayuntamientos conocen de primera mano las dificultades de acceso a la vivienda que afectan a sus vecinos.
«Los alcaldes sabemos perfectamente la realidad de nuestros pueblos, no es necesaria la excusa del Gobierno de Aragón de un informe científico», ha añadido.
Según ha explicado la alcaldesa, la respuesta autonómica reconoce la existencia de dificultades para acceder a una vivienda en municipios con una importante actividad turística, pero no incorpora un análisis específico de la situación de Biescas ni plantea medidas alternativas concretas. «Esta decisión supone cerrar anticipadamente la puerta a una herramienta legal sin estudiar las circunstancias particulares de cada municipio», ha señalado.
Cajal ha insistido en que el problema afecta especialmente a jóvenes, familias y trabajadores que necesitan establecer su residencia en la localidad. «No hablamos de una cuestión teórica, sino de las dificultades que encuentran nuestros jóvenes, nuestras familias y los trabajadores que necesitamos para mantener vivos nuestros servicios y nuestra actividad económica», ha manifestado.
La alcaldesa también ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tiene el encarecimiento de la vivienda sobre la población permanente y los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, donde la falta de familias con hijos puede repercutir en las matriculaciones escolares.
«Nuestros pueblos no son sólo destinos para visitar, somos pueblos con presente y futuro, donde queremos vivir», ha reivindicado.
El alcalde de Aínsa advierte de las dificultades para encontrar vivienda
Por su parte, el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, ha trasladado una preocupación similar respecto a la situación del mercado residencial en su municipio.
Durante la comparecencia, Pueyo ha hecho referencia a casos de familias que llegan a Aínsa por motivos laborales y encuentran dificultades para acceder a una vivienda.
A su juicio, la declaración de zona tensionada permitiría explorar mecanismos para contener los precios del alquiler y ampliar las posibilidades de acceso a determinadas ayudas.
«Basar todo en la construcción de vivienda no es la solución», ha asegurado.
El alcalde también ha señalado que otras comunidades autónomas están aplicando los mecanismos previstos en la legislación estatal, por lo que considera que la negativa del Ejecutivo aragonés genera diferencias en las posibilidades de actuación entre territorios.
En este sentido, Pueyo ha criticado la posición del presidente autonómico, Jorge Azcón, al entender que su Gobierno está rechazando una herramienta que podría contribuir a afrontar el problema residencial de municipios como Aínsa.
El PSOE extiende el problema a Jaca, Benasque y Sallent de Gállego
El diputado socialista Marcel Iglesias ha señalado que las dificultades de acceso a la vivienda no se limitan a Biescas y Aínsa, sino que también afectan a otras localidades del Pirineo aragonés, entre las que ha citado Jaca, Benasque y Sallent de Gállego.
Según ha defendido Iglesias, la construcción de nuevas viviendas debe complementarse con otras medidas que permitan actuar sobre los precios del alquiler.
«Declarar zonas tensionadas supone contener el precio del alquiler, es fundamental en la situación de crisis de vivienda en la que estamos, no solo vale con construir, eso no resolverá el problema por sí solo, hay que tomar más medidas», ha afirmado.
El representante socialista ha acusado al Ejecutivo autonómico de mantener una posición de confrontación política con el Gobierno central y ha cuestionado su gestión en materia de vivienda protegida.
Durante su intervención, Iglesias ha asegurado que, a su juicio, el modelo impulsado por el Partido Popular resulta insuficiente para responder a las necesidades de vivienda asequible. También ha criticado la política residencial del Ayuntamiento de Huesca y determinadas actuaciones vinculadas al polígono de Las Harineras.
Asimismo, ha defendido las medidas del Gobierno de España, entre ellas la aprobación de 180 millones de euros en subvenciones directas destinadas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado, según los datos expuestos por el diputado socialista.
Una decisión autonómica pendiente de resolución judicial
En su comparecencia, los representantes del PSOE también han recordado que la Delegación del Gobierno en Aragón ha impugnado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón el acuerdo autonómico que bloquea la tramitación de las declaraciones de zonas tensionadas.
Este procedimiento judicial cuestiona la legalidad de la decisión general adoptada por el Ejecutivo aragonés, aunque, según la información trasladada por los socialistas, todavía no existe un pronunciamiento judicial definitivo.
Los alcaldes de Biescas y Aínsa consideran que, independientemente del debate político y jurídico sobre la aplicación de esta figura, sus municipios deberían tener la posibilidad de que se analizaran sus circunstancias particulares.
«No pedimos privilegios para nuestros municipios; pedimos que se estudien nuestras realidades, que se nos escuche y que se nos permita valorar todas las herramientas previstas en la legislación», han manifestado.
Ambos responsables municipales han reclamado que, si el Gobierno de Aragón considera que la declaración de zona tensionada no es una solución adecuada, explique los motivos y proponga alternativas específicas para atender las necesidades de sus vecinos.
Por el momento, la negativa comunicada por el Ejecutivo autonómico deja sin iniciar los procedimientos solicitados por ambos ayuntamientos, mientras continúa el debate sobre las medidas necesarias para afrontar el encarecimiento de la vivienda en los municipios turísticos del Pirineo.
