La presión para lograr la reanudación de las obras de la variante de Sabiñánigo (A-23) ha alcanzado esta semana uno de sus momentos más tensos desde que los trabajos quedaron paralizados hace ya más de seis meses. A la amenaza de movilizaciones impulsada por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego y la posibilidad de una demanda anunciada por Sabiñánigo, se suma ahora una ofensiva política del Partido Popular que ha llevado la reivindicación hasta las puertas del Congreso de los Diputados.
La sensación compartida por instituciones, empresas y colectivos sociales es que el tiempo se agota para una infraestructura que se encuentra prácticamente terminada y cuya paralización sigue generando importantes problemas de movilidad, seguridad y actividad económica en el Pirineo aragonés.
Sallent fija un corte de carretera para el 17 de junio
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego ha dado un nuevo paso en su estrategia de presión institucional. Tras reclamar una reunión urgente con el Ministerio de Transportes, el consistorio ha comunicado oficialmente a la Subdelegación del Gobierno en Huesca que, si no se produce una respuesta inmediata, impulsará una primera acción reivindicativa el próximo 17 de junio.
La medida consistirá en un corte temporal de la carretera de Sabiñánigo, una movilización que el Ayuntamiento considera necesaria ante la falta de avances para desbloquear unas obras consideradas esenciales para las comarcas del Alto Gállego, La Jacetania y Sobrarbe.
El alcalde, Jesús Gericó, sostiene que la paralización está ocasionando graves perjuicios a vecinos, empresas, trabajadores, agricultores, ganaderos, transportistas y visitantes, y considera que ya no es posible seguir esperando sin obtener respuestas concretas sobre el futuro de la infraestructura.
Sabiñánigo estudia acudir a los tribunales
La presión también aumenta desde la capital serrablesa. Según ha publicado el Diario del Alto Aragón, el Ayuntamiento de Sabiñánigo está analizando la posibilidad de emprender acciones legales por los perjuicios derivados de la paralización de la variante.
El consistorio ha comenzado a recabar asesoramiento jurídico para estudiar una posible demanda mientras mantiene la exigencia de que se reanuden de inmediato los trabajos.
Como símbolo de esa reivindicación, el Ayuntamiento ha colocado una gran pancarta en su fachada con el mensaje «Autovía ya», una iniciativa respaldada por unanimidad por todos los grupos políticos municipales.
La alcaldesa, Berta Fernández, ha reconocido públicamente que la situación ha llegado a un punto en el que es necesario actuar y explorar todas las vías posibles para defender los intereses de la ciudadanía.
El PP lleva la protesta al Congreso
La reivindicación también ha llegado este jueves a Madrid. Una delegación del Partido Popular de Huesca se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para reclamar una solución urgente al conflicto que mantiene bloqueada la variante.
La representación popular ha estado integrada por los diputados nacionales Ana Alós y Javier Folch, la senadora Melania Mur, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, el presidente de la Comarca Alto Gállego, Primitivo Grasa, así como representantes municipales de Sabiñánigo y Biescas.
A las puertas del Congreso desplegaron una pancarta en la que se podía leer: «Por nuestros pueblos, nuestros vecinos, nuestros negocios, turistas… tómense esta obra en serio de una vez por todas».
Paralelamente, el Grupo Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la Cámara Baja para exigir la reanudación inmediata de las obras y la creación de una mesa de diálogo con los ayuntamientos afectados para evaluar y compensar los perjuicios económicos ocasionados.
En la iniciativa, los populares recuerdan que la paralización de la variante está generando problemas de seguridad y graves daños económicos para agricultores, ganaderos, transportistas, empresas y el sector turístico, uno de los principales motores económicos de estas comarcas.
Además, el texto hace referencia a las informaciones publicadas en las últimas semanas que vinculan a una de las empresas adjudicatarias con las investigaciones del denominado caso Koldo, una circunstancia que, según el PP, incrementa la preocupación existente y hace necesarias explicaciones por parte del Ministerio de Transportes.
Un conflicto cada vez más amplio
La variante de Sabiñánigo se encuentra paralizada desde diciembre, cuando la unión temporal de empresas encargada de la obra retiró la maquinaria debido a discrepancias económicas relacionadas con el coste de las modificaciones introducidas en el proyecto.
Aunque el Ministerio trasladó recientemente una propuesta para desbloquear la situación, todavía no existe un acuerdo definitivo que permita retomar los trabajos en una infraestructura de la que apenas resta un pequeño porcentaje para su finalización.
Mientras tanto, la reivindicación crece. Ayuntamientos de distinto signo político, asociaciones empresariales, colectivos sociales y representantes institucionales han comenzado a coordinar acciones para exigir una solución inmediata.
Con una movilización ya convocada, la posibilidad de acciones judiciales sobre la mesa y la presión trasladada al Congreso de los Diputados, el conflicto de la variante de Sabiñánigo ha entrado definitivamente en una nueva dimensión.
