El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha aprobado en su último pleno solicitar al Gobierno de Aragón financiación para elaborar un estudio sobre el mercado residencial del municipio. La petición se produce después de que el ejecutivo autonómico rechazara en octubre su solicitud de declaración como zona de mercado residencial tensionado, presentada el pasado 5 de junio, condicionando una posible reconsideración a la existencia de informes científicos que permitan valorar los efectos de esta medida.
Aínsa sigue así los pasos de Biescas, cuyo ayuntamiento acaba de aprobar una petición similar tras recibir la misma respuesta por parte del Gobierno de Aragón. Ambos municipios comparten una realidad marcada por la presión turística, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a una vivienda habitual asequible, una problemática que, denuncian desde el consistorio, afecta a la emancipación juvenil, a las familias y las personas trabajadoras.
“Estamos hablando de dos municipios turísticos que generan actividad económica y atraen visitantes, pero donde cada vez resulta más complicado encontrar una vivienda y, por ende, mantener negocios y servicios públicos en óptimas condiciones todo el año. Si el Gobierno de Aragón considera que necesita más estudios para corroborarlo, lo razonable es que contribuya a financiarlos de manera rigurosa, independiente y adaptada a la realidad de Aínsa-Sobrarbe y del conjunto del Pirineo”, señala el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo.
El estudio solicitado permitiría analizar la evolución de los precios de compra y alquiler, la disponibilidad de vivienda habitual, el impacto de los alojamientos turísticos y las segundas residencias, así como las consecuencias de esta situación sobre la población, el empleo y los servicios públicos. Sus conclusiones servirían, según el equipo de gobierno municipal, tanto para valorar la declaración de zona tensionada como para identificar otras posibles soluciones adaptadas a las particularidades del Pirineo.
El acuerdo plenario contempla también solicitar al Gobierno de Aragón líneas específicas de ayudas al alquiler y a la adquisición de vivienda habitual, dirigidas especialmente a jóvenes, familias y trabajadores. La financiación autonómica para construir vivienda pública en las parcelas que el ayuntamiento ha puesto a disposición es otra de las peticiones recogidas en el documento.
“No podemos permitir que las dificultades para acceder a una vivienda terminen expulsando a quienes quieren desarrollar aquí su proyecto de vida. Necesitamos soluciones concretas y colaboración entre administraciones. Los ayuntamientos estamos haciendo nuestra parte, pero no podemos afrontar solos un problema de esta magnitud”, concluye Pueyo. El consistorio reitera, además, que mantiene su solicitud de declaración de zona tensionada y reclama al Gobierno de Aragón que concrete los requisitos necesarios para reconsiderarla.











